Empleados de Sedesol Tantoyuca acusan a coordinadora de pedirles moches

Son aportaciones obligatorias, las pide de forma recurrente, sin que sepan para que se destina.

Tantoyuca

Existe una lista de aproximadamente 20 empleados de Sedesol con sede en Tantoyuca, a cargo de la coordinadora Julissa Adriana Vargas Platas a quienes les piden moches entre 300 y mil 500 pesos.

Dicha cantidad ha sido corroborada por los propios trabajadores, quienes realizaron la denuncia de forma anónima por temor a represalias y revelaron estos actos de corrupción se realizan con el permiso de la titular Julissa Vargas.

Sin embargo, cansados de estos actos de corrupción, los empleados decidieron alzar la voz porque desconocen si esta acción es permitida por el titular de Sedesol en el estado, Guillermo Fernández, quien hace unos días aseguró que no se permitirán actos de corrupción en la secretaría a su cargo, previo, durante y posterior al proceso electoral en el que los veracruzanos elegirán al próximo ejecutivo del estado.

Los empleados dicen desconocer para que es utilizado el dinero que de manera obligatoria tienen que aportar quincenalmente, por lo que expresaron su total inconformidad con ese tipo de prácticas.

Reconoce que varios de los trabajadores aceptan dar el dinero por miedo a que los corran y por tal motivo han callado tanto tiempo.

“Nos dicen que son indicaciones y qué debes ponerte la camiseta y apoyar causas porque se maneja que son compra de insumos y muchas otras cosas que la oficina debe tener cubiertas y se pide cooperación para ese tipo de cosas, cuando en realidad no sabemos a dónde van a parar ese dinero”.

Aunque hasta el momento no ha habido represalias, porque todos han aportado el recurso por miedo a ser despedidos.

Se trata de una lista de 20 trabajadores aproximadamente a quienes de forma abusiva les cobran una cuota obligatoria que oscila entre los 300, 500 y 1,500 pesos para apoyar la causa de Morena.

“Dudo mucho que los altos mandos sepan de este tipo de prácticas, no creo que por ellos pase la idea de ese tipo de situaciones, varía la cifra, pero si son muchas las cooperaciones que se piden”.

Este tipo de cuotas son ilegales, dado que les quitan a los empleados parte de su salario, para cubrir intereses presuntamente del partido Morena, políticos y de oficina para adquirir insumos.

Faltan más facilidades para acceder a programas sociales

Faltan más facilidades para acceder a programas sociales, sobre todo para el 60 y Más, y de discapacitados, pues generalmente resulta complicado para cualquiera obtener certificados médicos ante funcionarios del sector salud, mismos que, de existir datos para comprobar problemas de salud permanentes que son discapacitantes, tendrán la obligación de orientar al público para tramitar el documento que así lo compruebe, en lugar de ocasionar retardos y dificultar aún más la gestión de la pensión correspondiente, señalo Braulio Martinez Carmona, presidente de la asociación civil Sembremos Juntos una Vida Mejor.

Reconoció que “para el programa de adultos mayores ya es bien sabido que en no pocas ocasiones ellos acuden a realizar sus solicitudes con todos los documentos requeridos, y desafortunadamente se ven obligados a esperar hasta años para recibir el beneficio, y para colmo, ya no reciben pagos retroactivos, desde la fecha en que hacen sus solicitudes, sino a partir de que reciben sus tarjetas”. Insistió en que desafortunadamente, esa deficiencias de los programas, u omisiones de parte del personal de la Secretaría del Bienestar perjudica sectores muy sensibles de la población como el de adultos mayores y discapacitados, por lo que las autoridades superiores de la dependencia deberían tomar cartas en el asunto.

Martinez Carmona manifestó que lo peor de esta situación es que tanto adultos mayores, como discapacitados tienen limitaciones físicas muy obvias, y en muchos casos sus familiares también carecen de tiempo o de conocimientos suficientes para acompañar a esas personas en todo el proceso de gestión, hasta que les llegue el ansiado apoyo. Dijo que, definitivamente, eso complica gravemente los trámites y en muchas ocasiones la espera es interminable, lo mismo que las vueltas a las oficinas del Bienestar.

Consideró que es necesario hacer un llamado a la dependencia, con la finalidad de que revise sus procesos y también la actuación del personal, del cual se dice, deja mucho que desear, salvo honrosas excepciones, y el objetivo final debería ser que los derechohabientes sean atendidos de la mejor manera, siempre y cuando demuestren que tienen derecho a algún programa.