Antes y después del terreno de manglar arrasado en Marismas Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO. Con fotografías satelitales de 2018, 2020 y 2021, se puede confirmar el ecocidio ocurrido en un terreno de 30 hectáreas en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, en Tuxpan, Nayarit, donde a mediados del pasado mes de enero, se realizó la tala ilegal de manglar para construir sin autorización una granja camaronera en un «área natural protegida».

Lo anterior se puede constatar fácilmente con imágenes del antes y después del desmonte del predio obtenidas por Excélsior a través de la plataforma Google Earth.

En la primera foto que data del 26 de febrero de 2018, se observa el predio intacto, verde, sin perturbación, con presencia de mangle blanco (Laguncularia racemosa), especie catalogada como «Amenazada», de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

Posteriormente, en una imagen del 15 de junio de 2020, la vegetación no es tan tupida, pero se mantiene el manglar que servía como refugio de jaguares, caimanes, venados y aves migratorias.

En una tercera fotografía del 21 de enero de 2021, el panorama es otro, todo cambió, para ese entonces la maquinaria pesada ya había cumplido con su cometido, el terreno luce completamente limpio, sin vegetación, erosionado y aplanado, el daño ambiental estaba consumado.

Según la denuncia presentada el 15 y 18 de enero de 2021 por integrantes del Ejido Unión de Corrientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Fiscalía General de la República (FGR), el dueño del predio arrasó con la especie protegida de manglar.

Las obras se realizaron sin contar con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que constituye un delito en términos del artículo 420 BIS del Código Penal Federal y el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre.

LEGALIZAR LO ILEGAL

Después de que este diario dio a conocer el caso el 1 de febrero de 2021, en plena conmemoración del Día Mundial de los Humedales, Profepa tomó cartas en el asunto y clausuró las obras tres días después.

La autoridad ambiental dio a conocer que había instaurado «un acta de inspección en contra del responsable y emitido un acuerdo de emplazamiento con el fin de imponer la restitución de elementos afectados en el área natural protegida”.

En tanto, la FGR informó que desde el 31 de enero inició una carpeta de investigación por la comisión de presuntos delitos contra la biodiversidad en la Agencia del Ministerio Público Federal, ubicada en el municipio de Acaponeta.

A pesar de las acciones, los trabajos de desmonte y acondicionamiento del terreno continuaron con total impunidad, al grado de que el día de hoy la granja acuícola sembrada con larva de camarón ya opera con el nombre de Cora’s Sea Food 3.

No conforme con eso, el dueño del predio José Joel Herrera Ponce, ingresó el 18 de marzo ante la Semarnat, el trámite para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con número de expediente 18/MP-0180/03/21, correspondiente a la «Construcción, Operación y Mantenimiento de la Granja Acuícola Cora’s Sea Food 3», en el Ejido Unión de Corrientes, que se encuentra en estatus de «Evaluación».

La idea es legalizar la obra en Marismas Nacionales para poder operar su negocio sin ser molestado y contar con los documentos en regla, aun cuando todos los trabajos de construcción se realizaron previamente de manera irregular y violando las normas en la materia.

Como parte de los argumentos para solicitar la MIA, el expediente cita los propios reportes de la Profepa, donde el personal de la Delegación en Nayarit, acusado por los denunciantes de estar coludido con el presunto infractor ambiental, dijo que al visitar el sitio encontró un «terreno de agostadero ya perturbado, en donde prevalece vegetación testigo en pie de mediana altura conocida comúnmente como guamaras, frutillos y guamuchilillo».

«Dicho predio denunciado no cuenta con la superficie denunciada (sic), ni se aprecia tampoco un bosque de manglar deforestado, apreciándose en una superficie aproximada de dos hectáreas huellas de movimiento de tierra producto de maquinaria conocida como tipo oruga (sic)», señala el acta de inspección PFPA/24.3/3C.12.4/00125/20.

MODUS OPERANDI

En entrevista, Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, reveló que esta forma de operar es muy común en nuestro país, ya que primero se arrasa con las especies protegidas y después se busca el aval de la Semarnat, con solicitudes de permiso que no deberían entrar siquiera a trámite.

Explicó que el hecho de que los inspectores de Profepa no hayan dejado asentado en su procedimiento administrativo que en el área había manglar, a pesar de las evidencias en fotografías y videos que difundieron los ejidatarios, abre la puerta a que se legalice la granja acuícola.

Detalló que este «detalle» es muy importante, porque el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe sin excepción la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte de manera directa o indirecta al mangle, y de ser el caso no habría forma de regularizar la obra.

El maestro en Ciencias advirtió que sería muy grave que después de todas las irregularidades cometidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorice la Manifestación de Impacto Ambiental, lo que sería un mal antecedente y un aliciente para que más personas se animen a talar manglar en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, que tendría que ser realmente un área natural protegida.

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