Candidatos, en la mira de la delincuencia

Veracruz encabeza el primer lugar nacional en violencia contra personas políticas con 12 por ciento del total de víctimas del país, según el Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores.

La organización, desde el 7 de septiembre de 2020 –inicio del proceso electoral–, y hasta el 20 de marzo de 2021, contabilizó un total de 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres, en el país.

De las 218 víctimas, 61 personas políticas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres), 18 de ellas aspiraban a puestos de elección. Estos 18 aspirantes asesinados pertenecían a los estados de Veracruz (7), Guerrero (4), Quintana Roo (2), Guanajuato (1), Chihuahua (1), Chiapas (1), Jalisco (1) y Oaxaca (1). De ellos, 15 eran hombres y tres mujeres.

De manera adicional, en el mismo periodo, el IVP registró un total de 78 funcionarios sin militancia o aspiraciones políticas que perdieron la vida en atentados, entre los que destaca un capacitador del INE, ultimado en Fresnillo, Zacatecas.

En el rubro de personas políticas asesinadas, 13 pertenecían al PRI, 10 a Morena, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM y 4 a Movimiento Ciudadano; las 11 víctimas restantes a otros partidos políticos nacionales y locales.

Candidatos podrían ser cooptados por la delincuencia

El 4 de marzo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia en Palacio Nacional, alertó que Veracruz es uno de los siete estados del país donde hay riesgo de que los aspirantes y candidatos en las elecciones próximas sean cooptados por parte de la delincuencia.

«Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas», refirió.

La secretaria dijo que establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y el pueblo en general. Asesinan, amenazan, captan, imponen y financian. Entre las estrategias de violencia están el homicidio, secuestros, privación de libertad, intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión.

«Cooptan también acercándose a los precandidatos, se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y personal capital humano para sus campañas», agregó.

También señaló que Veracruz es uno de los estados donde hay hechos de violencia relacionados con el tema electoral.

Recuento de crímenes políticos en Veracruz

El 31 de octubre del 2020, Manuel Dimas Cristóbal, aspirante a alcalde de Tierra Blanca, excandidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca por Movimiento Ciudadano (MC), fue asesinado en un ataque armado.

En noviembre, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, fue asesinada. Su cuerpo fue localizado en la carretera Jamapa-Medellín.

En diciembre, Domingo Panzo Tecpile, exalcalde de Tehuipango y diputado local suplente por el distrito de Zongolica, fue asesinado en su negocio de ropa.

El 11 de febrero, Gilberto Ortiz, aspirante a alcalde por Morena, en Úrsulo Galván, fue asesinado en un ataque armado, en el municipio de Puente Nacional.

Unos días después, Gladys Merlín exalcaldesa del PRI en Cosoleacaque y Carla Enríquez aspirante de Morena, fueron asesinadas en su domicilio.

El PRD teme por la seguridad de Franco

El PRD nacional condenó el traslado del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio «N», al penal de Amatlán, luego de que un juez le dictó vinculación a proceso y lo envió ocho meses a prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.

«El PRD hace responsable al gobierno de Cuitláhuac García de la integridad de nuestro compañero, puesto que se interpuso y concedió un amparo para frenar su traslado del penal de Tuxpan a otro reclusorio», señalaron en una carta.

Sus abogados interpusieron un amparo, para no ser trasladado, pero no fue escuchado: «queda claro que es una persecución política contra los adversarios del gobierno morenista actual en el estado, puesto que tienen miedo de que Rogelio Franco, desde San Lázaro, exhiba al gobierno fallido de aquella entidad. Nuestro compañero es un preso político de la 4T que está solapada e incitada por el presidente de la República».

En una carta pública señalaron que el PRD no permitirá esta violación a los derechos humanos y político-electorales de Rogelio Franco. «Vamos a exigir justicia y vamos a agotar todos los recursos legales para que nuestro compañero quede libre de inmediato».

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